Desde la experiencia de ACDI, entendemos que ellas tienen un rol fundamental en los sistemas alimentarios. Por ello en diversas provincias del NOA y NEA, abordamos la seguridad alimentaria con una perspectiva de género, buscando generar capacidades de liderazgo y asociativismo entre las mujeres.

En junio de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzaron un informe conjunto titulado “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe”. El documento, que propone acciones urgentes para enfrentar el alza del hambre producto de la pandemia en los países de la región, muestra el impacto del coronavirus (COVID-19) sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de Seguridad Alimentaria y cómo podemos contribuir a su realización desde la sociedad civil organizada?

La seguridad alimentaria es un derecho fundamental, universal e inalienable del hombre[1], cuyo no respeto conlleva a una trasgresión directa sobre la dignidad e integridad de las personas. No significa únicamente acceder a suficientes alimentos, la seguridad alimentaria es “la situación que existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida activa y sana” (FAO, 2006)[2]. Significa poder acceder a alimentos de calidad nutricional con regularidad, sin preocuparse porque falte comida en la mesa. Por eso, cuando hablamos de seguridad alimentaria, debemos tomar en cuenta cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. La disponibilidad se refiere a tener una oferta de alimentos adecuada; el acceso a la capacidad del hogar de obtener estos alimentos; la utilización hace referencia a la calidad y diversidad de los alimentos; y la estabilidad a su suministro constante.

Sabemos que en la Argentina la crisis económica, financiera, sanitaria y alimentaria, llevará un incremento significativo del índice de pobreza extrema, que se estima aumente de un 3.8 de la población en 2019 a un 5.5 en 2020[3]. Esto implica un impacto negativo sobre el riesgo de hambre y subsistencia, en particular en lo que se refiere a la la dimensión del acceso de las familias a la seguridad alimentaria, ya que se reduce su poder adquisitivo mientras aumenta exponencialmente el índice de precios de alimentos (+14,1% entre enero y mayo 2020). Estas circunstancias repercuten también sobre la dimensión de la utilización de los alimentos, ya que las familias tienden hacia dietas más baratas y menos nutritivas, recurriendo a alimentos con mayor contenido de grasas saturadas, azúcar, sodio y calorías, lo cual implica un aumento del riesgo de obesidad, entre otras consecuencias perjudiciales para la salud.

En las zonas rurales del país, donde se concentra el núcleo duro de una pobreza oculta, que queda invisibilizada ante las estadísticas oficiales por no ser comprendida en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la producción agrícola y ganadera juega un papel crucial en la seguridad alimentaria, porque puede utilizarse para incrementar el autoconsumo (disponibilidad), los ingresos (acceso), y la diversidad alimentaria (utilización).

Desde la experiencia de ACDI, asociación civil orientada al desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y ejecutora de proyectos y programas de cooperación en ámbito de promoción del trabajo, la educación y el ambiente, nos dimos cuenta que hay algo más que influye en la seguridad alimentaria y pocas veces tomamos en cuenta: el empoderamiento de la mujer el sector agrícola. Ellas tienen un rol fundamental en los sistemas alimentarios: desde su participación en la fuerza de trabajo agrícola, hasta en las decisiones sobre cómo distribuir los ingresos y asegurar una buena alimentación para los miembros del hogar. Por ellos es que, en diversas provincias del NOA y NEA, abordamos la seguridad alimentaria con una perspectiva de género, buscando el empoderamiento socio-económico de las mujeres a partir de la generación de capacidades de liderazgo y asociativismo.

Nuestra estrategia, vinculada al método de ACDI, que parte de la centralidad de la persona como promotora de su propio desarrollo y del de su comunidad, la valorización del capital humano, comunitario, cultural y ambiental existente, un abordaje participativo (bottom-up) y el trabajo en red en todos los niveles, busca facilitar las condiciones necesarias para la seguridad alimentaria gracias a la combinación de cuatro ejes o áreas de trabajo:

  1. El Empoderamiento de la Mujer, que se logra mediante la realización de talleres de “mujeres protagonistas”, diseñados específicamente para fortalecer el rol de la mujer rural en ámbito familiar, comunitario y económico, incluyendo la generación de capacidades de liderazgo y asociativismo, e instancias educativas sobre alimentación saludable y nutrición en el hogar llevadas adelante por nutricionistas.
  2. La producción local de alimentos, que reduce la dependencia de factores externos e intermediarios respecto a la disponibilidad, acceso y estabilidad de la provisión de alimentos. Mediante la puesta en marcha de espacios y grupos productivos diversos, integrados en su mayoría por mujeres, asistimos técnicamente a las comunidades para que puedan contar con sus propias huertas agroecológicas comunitarias y familiares, centros de conservas, laboratorios de artesanías y centros de producción de productos caprinos.
  3. La mejora de los ingresos, a partir de la producción local de alimentos se generan y asesoran microemprendimientos y grupos asociativos, que acompañamos en el desarrollo de los planes de negocios y de la estrategia comercial, incluyendo instancias de educación a la inclusión financiera y otras estrategias orientadas a la integración e inclusión de poblaciones aisladas, como es la construcción de centros de conectividad y alfabetización digital, capacitaciones sobre comercio digital, marketing para emprendedores, etc.
  4. Partership publico privada, generadora de oportunidades para la sostenibilidad, eficacia y eficiencia de los proyectos, cuyos recursos deben ser optimizados y potenciados por el trabajo en red a todos los niveles, involucrando a las acciones de las administraciones locales, las fuerzas sociales, las empresas privadas y las instituciones internacionales, según sus respectivos roles.

Todavía existen brechas importantes en el acceso a recursos como la tierra, el crédito y los insumos y servicios que aumentan la productividad por parte de las mujeres, lo que muchas veces afecta negativamente su empoderamiento y, por ende, la seguridad alimentaria de los hogares. Desde la sociedad civil organizada podemos aportar a esta situación, si seguimos apostando con el reconocimiento de la participación decisiva de la mujer en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria[4].

 

[1] La Declaración Universal en su artículo 25 hace referencia al derecho que toda persona, así como su familia, tiene a que se le garantice un nivel adecuado de vida, a través de rubros específicos como salud, alimentación, vivienda, servicios sociales, entre muchos otros. Por su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reitera la protección a este derecho y además reconoce expresamente el compromiso que deben asumir las naciones para erradicar el hambre, así como asegurar una distribución equitativa de los alimentos.

[2]Programa: Apoyos Productivos Agroalimentarios (APAGRO)”, Jossie Fahsbender y Lina Salazar, BID, 2019.

[3] Conferencia de prensa, lanzamiento del informe “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe”, CEPAL y FAO, junio 2020.

[4]La FAO nos sugiere cómo: 1) Asegurando que la mujer tenga iguales oportunidades que el hombre a su propia tierra; 2) Facilitando el acceso de la mujer a los servicios agrícolas y adaptarlos a sus necesidades; 3) Fomentando la producción de cosechas alimentarias mediante el empleo de incentivos; 4) Promoviendo la adopción de insumos y tecnologías apropiados para liberar el tiempo de la mujer de modo que pueda realizar actividades generadoras de ingreso; 5) Mejorando el estado nutricional de mujeres y niños; 6) Proporcionando mejores oportunidades de empleo y generación de ingreso; 7) Promoviendo las organizaciones de mujeres; 8) Revisando y reorientando las políticas gubernamentales para asegurar el tratamiento de los problemas que limitan el papel de la mujer en la seguridad alimentaria.